Outsourcing de personal; o, venta de facturas…

El outsourcing de personal, mismo que desde hace mucho tiempo es cuestionado por las  autoridades  fiscales y laborales de nuestro  país, que  no  es más que  la subcontratación de personal; externalización de personal; o, terciarización de personal, muy  común en el mundo empresarial, para mediante el pago  de la correspondiente  contraprestación económica,  una empresa  encargarle  a otra  parte  de su actividad o producción,  se ha transformado en un servicio de muy alto  riesgo, derivado de lo  cual, para quienes en sus empresas lo  tienen implementado en sus actividades  o producción, se debe de revisar meticulosamente para evitar contingencias legales fiscales; e, incluso contingencias penales fiscales; contingencias penales en materia de lavado de  dinero; y, contingencias penales en materia  de  delincuencia organizada, futuras; y, para quienes  pretenden contratar este servicio, tener el suficiente cuidado  de saber,  que realmente se encuentren contratando el “OUTSOURCING   DE PERSONAL”, más  no, la “COMPRA DE FACTURAS”, bajo el antiético oculto engaño  del outsourcing de personal.

Anotando en la presente  colaboración, que  el denominado “OUTSOURCING  DE PERSONAL”, ya se encuentra regulado desde el 30  de  noviembre  del año  de 2012, en el  artículo 15 A de la Ley  Federal  del Trabajo, mismo  artículo  que entró en vigor a partir  del 1º  de diciembre  del mismo año en mención.

Compartiéndoles, que en mi  carácter  de abogado tributario, hace escasamente dos años atrás, tuve conocimiento de una empresa que  tenía implementado el servicio   de outsourcing de personal, por  parte de supuestos  expertos que se  dedican a este  servicio, mismos  que  remuneraban a las personas físicas del esquema (quienes innegablemente  se  trataban de trabajadores con todas las  de la ley), bajo el concepto de “ASIMILABLES A SALARIOS”; siendo el caso, que  lo que  realmente efectuaban, era una venta  de  facturas bajo el oculto engaño  del servicio  del outsourcing  de personal, lo  cual, así  fue  de  mi  conocimiento, de manera posterior a la opinión legal verbal, efectuada previa  solicitud  del contratante  de este  servicio, tratando de  administrar riesgos futuros, quien, al momento de rescindir el contrato de  servicios  de personal, por  lo  aspectos  de riesgos legales que le comenté, de entre los  cuales, figuraba entre de otros, la simulación de actos o  contratos, que  se  trata de un delito equiparable a la  defraudación fiscal, en términos  del artículo 109, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, recibió en ofrecimiento para  continuar  con el contrato, de parte de su prestadora  de  servicios de personal, la entrega  de la mitad  del Impuesto al Valor Agregado facturado, por enterar al SAT, con lo  cual, de manera plena   se reveló, que  se estaba ante la vil venta  de  facturas, con todo lo que ello implica, bajo el oculto engaño  del servicio del outsourcing de personal.

Siendo el caso, que en días anteriores del presente mes y año  del 2017, tuve  conocimiento que sigue vigente la venta  del servicio  del outsourcing, remunerando a las personas físicas  del esquema, mismas que bajo todas las  de la Ley tienen el carácter  de trabajadores, bajo el concepto de “ASIMILABLES A SALARIOS”, por  lo  cual, considero importante el generar mediante la presente  colaboración, la alerta  en materia de legalidad, para evitar a los contratantes  del servicio  del outsourcing, sorprendidos y/o que  se  sorprendan, mediante  esta  manera  de remuneración, a los  realmente  trabajadores  del servicio  del outsourcing, las contingencias de carácter legal fiscal y legales penales que  ya han quedado anotadas. 

No siendo desconocido para los  sectores patronales  de nuestro país,  que el servicio de la subcontratación de personal, tuvo como remoto antecedente, el evitar el pago del “REPARTO  DE UTILIDADES”, regulado tanto en la Constitución Política Federal de nuestro país, como  en  la Ley Federal del Trabajo; así  como, el vitar las  consecuencias de  demandas laborales, en cuyos  correspondientes  juicios, de acuerdo a la regulaciones de la Ley Federal del Trabajo, todas las  ventajas  las  ha  tenido siempre el trabajador, lo cual, generó y sigue generando abusos de trabajadores sin escrúpulos  en perjuicio de patrones.

No obstante,  andando el tiempo, el otrora denominado  servicio  de  subcontratación de personal de carácter eminentemente laboral en sus orígenes;  hoy outsourcing  de personal,  se transformó en subcontratación u outsourcing  de personal de carácter predominantemente   fiscal, en el cual, mediante prerrogativas  legales en materia de las Leyes  del Impuesto Sobre la Renta; del Seguro Social; y, del  Instituto  del Fondo Nacional  de la Vivienda  para los Trabajadores, se buscaron y encontraron beneficios  de carácter  legal, con los  correspondientes ahorros económicos, al disminuirles tanto  a los  contratantes  del servicio  del outsourcing de personal, como a los  trabajadores involucrados en el mismo servicio,  el pago del Impuesto Sobre la  Renta, así  como el pago de cuotas de  seguridad social, tanto para el Instituto Mexicano del Seguro Social como para el Instituto  del Fondo Nacional  de la Vivienda para los Trabajadores,  lo cual, para nada resultaba ilegal; y, a  la fecha igualmente tampoco  resulta  ilegal, siempre y cuando, se esté  ante la presencia  de una auténtica  realidad jurídica, totalmente ausente  de  simulación de actos o contratos que se equipara, tal como ya  se dijo, a la comisión del delito de  defraudación fiscal en términos del artículo 109 fracción IV del Código Fiscal de la Federación.

Para  nada resultando  desconocido, que mediante el servicio  del outsourcing fiscal de personal, se han cometido  demasiados  excesos, por  los prestadores de  dichos  servicios, tanto en perjuicio  de los  trabajadores; como en perjuicio  de  los contratantes  de dichos  servicios; y, en perjuicio de la sociedad en general,  por  afectarse la finanzas públicas mediante la simulación de actos y contratos,  lo cual, en términos  sencillos,  se  trata de un fraude para los afectados (engaño), con posibilidades  de reparación  de los  correspondientes daños  y perjuicios, por parte  de los  defraudadores, previa la denuncia penal y proceso penal correspondientes; que en tratándose de las  autoridades  fiscales, se tipifica a este actuar,  como  delito equiparable a la defraudación fiscal; el cual, puede verse agravado por la comisión de los  delitos de lavado  de  dinero y delincuencia organizada, con penalidades totalmente severas.

Prueba de lo anterior,  la vil estafa, a que  se hace cita en la presente colaboración, de la venta de  facturas, mediante el oculto engaño  del servicio del outsourcing  de personal.

Derivado de lo  cual, actualmente, el servicio  del outsourcing  de personal, se encuentra totalmente sobreregulado, lo  cual, en la historia de  este servicio, no se ha obtenido de manera gratuita.

Así, por  citar con los amables lectores  de la presente  colaboración,  tenemos que la Secretaría  de Hacienda  y Crédito Público, desde  el 21 de  octubre de  2016, publicó en su página  de internet, el criterio  de encabezado siguiente “UIF-INTERPRETACIONES DE LA LFPIORPI-OUTSOURCING”, dirigido a “QUIENES PRESTAN  EL SERVICIO DE SUBCONTRATACIÓN (OUTSOURCING) EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 15-A DE LA LEY  FEDERAL DEL TRABAJO”, con el sustento siguiente: “Hacemos referencia al inciso b) de la fracción XI del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conforme a la cual se entenderá como Actividad Vulnerable y, por tanto, objeto de identificación, la prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente, entre otras operaciones, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes..- Al respecto, nos permitimos puntualizar que el contratista al prestar el servicio de subcontratación en términos del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, actualiza el supuesto previsto por el inciso b) de la fracción XI del artículo 17 de la LFPIROPIR para ser considerada como Actividad Vulnerable y, por lo tanto, está sujeto al cumplimiento de las obligaciones previstas por la LFPIORPI y su normatividad secundaria, al llevar a cabo la administración y manejo de recursos del contratante, es decir de su cliente, en la realización del servicio contratado.”. Siendo el caso, también, que para el  presente ejercicio de  2017,  para la deducción del pago  del servicio consistente en la  “SUBCONTRATACIÓN LABORAL  EN TÉRMINOS  DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO”,  en materia  del ISR; y, en materia del acreditamiento del IVA, facturado y pagado por  el mismo servicio  de subcontratación laboral, se  deben de cumplir a cargo de los contratistas del servicio  del outsourcing; y, en favor de los contratantes del citado servicio, con las siguientes obligaciones: “EN MATERIA  DEL ISR, ARTÍCULO 27 FRACCIÓN V, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY  DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: a) entregar a  los clientes CFDI´S  que amparen los  salarios pagados  a  los  trabajadores subcontratados; y, b) entregar a los clientes acuse  de recibo  y declaración de entero de  retenciones  del ISR, y pago  de cuota obrero-patronales al IMSS.”; y, “EN MATERIA DEL IVA, ARTÍCULO 5º  FRACCIÓN II, DE LA LEY  DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: a) Entregar los clientes, copia simple de la declaración con el respectivo comprobante de pago, e información reportada al SAT; y, b) informar al SAT, respecto de sus operaciones de subcontratación de personal, el monto del IVA trasladado, así como del pago efectuado por este concepto.”. Con la correspondiente  no  deducción del pago  del servicio  del outsourcing y/o subcontratación de personal, como castigo en materia  del Impuesto Sobre la Renta, para el contratante  del  mencionado servicio, para el caso  de no atender a las obligaciones reguladas para el presente ejercicio  de 2017; lo  cual, igualmente  repercutirá como un no acreditamiento en materia del IVA facturado y pagado por el mismo  servicio, como castigo, para el caso igualmente de no cumplir  con las obligaciones reguladas para el indicado presente ejercicio fiscal; comentando por último,  que en fecha 15 de mayo  del presente año, se publicaron en el DOF  las Reglas  de Carácter General, de la Resolución Miscelánea Fiscal para el Ejercicio Fiscal de 2017, para cumplir  con estas obligaciones. Así que “AGUAS”.

FRANCISCO  FERRER SANTOS
ABOGADO  TRIBUTARIO
SOCIO  DE  GRUPO FERVEL
f.ferrer@fervel.com.mx